Todo listo para el juicio a Richard Martínez y con nuevas reglas

Si bien las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) regirán para la próxima Asamblea Nacional, hay tres temas que empezarán a aplicarse a partir de su publicación en el Registro Oficial: un nuevo procedimiento de fiscalización; la conformación del Comité de Ética para juzgar las actuaciones de los asambleístas; y la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley.

La nueva metodología de fiscalización se estrenará con los pedidos de juicio político contra el ex ministro de Finanzas Richard Martínez, acusado de incumplimiento de funciones. En ese proceso, la Comisión de Fiscalización deberá presentar el informe al pleno de la Asamblea Nacional así sea que se recomiende el archivo.

Antes, la Comisión podía resolver el archivo y no llegaba al pleno. Con los cambios, la interpelación a Martínez sí será tratada y resuelta por ese cuerpo colegiado.

Las 135 reformas aplicadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa fueron sancionadas por el Ejecutivo el pasado 6 de noviembre y con ello pasarán a publicarse en el Registro Oficial en estos días.

Los cambios incluidos se refieren al procedimiento administrativo, legislativo, nuevas comisiones especializadas, fiscalización, regulación de la conducta de los asambleístas, entre otros temas.

En torno a la fiscalización, se establecen nuevos plazos. Se elimina la discrecionalidad que tenía el presidente de la Asamblea para poner a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) una solicitud de juicio. Ahora tendrá un plazo de cinco días para hacerlo, y el CAL hasta diez para verificar el cumplimiento de requisitos y calificarlo.

Si es calificada, en tres días el presidente de la Asamblea tendrá que notificarla a la Comisión de Fiscalización con la documentación de sustento.

En cuanto al procedimiento del juicio, se mantiene el plazo de cinco días para conocer el pedido, así como los quince para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo. Lo que se incorpora es un plazo adicional de diez días, luego de la contestación del funcionario enjuiciado, para la actuación de las pruebas a costo del solicitante.

Una vez practicado el debido proceso y la presentación de las pruebas, la Comisión remitirá en el plazo de cinco días al presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle las conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno el archivo del trámite o el juicio político.

En caso de no aprobar el informe respectivo, el presidente de la Comisión remitirá en el plazo de dos días al presidente de la Asamblea las actas de votación correspondiente y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas de la comisión.

Si el informe recomienda el archivo del juicio, el pleno podrá acogerlo y ratificarlo por mayoría simple (mitad más uno de los presentes); podrá también no acogerlo y resolver el juicio político con mayoría absoluta (mitad más uno de los integrantes de la Asamblea).

Si el informe no tiene una resolución, cualquier asambleísta podrá mocionar el archivo o el juicio político con mayoría simple. Si se recomienda el juicio se procederá directamente al proceso.

Una vez resuelta la interpelación, se la comunicará al funcionario, y el presidente de la Asamblea tendrá cinco días de plazo para incluirla en el orden del día.

La disposición transitoria quinta de la LOFL reformada señala que las disposiciones relativas a procedimientos y trámites de fiscalización entrarán en vigencia una vez publicada en Registro Oficial.

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