Pura «labia» y nada de soluciones a la inseguridad denunció Cynthia Viteri

El reclamo de la alcaldesa Cynthia Viteri fue enérgico durante el segundo encuentro del Comité de Seguridad de la provincia del Guayas. La cita se realizó en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). Ahí tras nueve días de la primera reunión, Viteri pidió un plan de trabajo a la Policía para conocer cómo se utilizarán los instrumentos, los vehículos y el personal que ha traído a la urbe.

Ese plan no fue presentado y muy molesta la alcaldesa recordó que $ 20 millones ha invertido el Municipio en materia de seguridad desde el año pasado, pese a que no es su competencia.

Solo el martes el Concejo municipal aprobó la transferencia de 7’080.633,46 dólares a la CSCG con el objetivo de adquirir equipamiento. Se trata de celulares, cámaras, equipos de videovigilancia portátiles, antenas, drones, camionetas con GPS, motos, balizas y sirenas que recibirán la Policía Nacional y los agentes de control metropolitano.

Ella cuestionó a la Policía por el uso de las 65 camionetas que donó el cabildo el año pasado para los recorridos en las zonas con mayor índice de delitos.

Mencionó, además, que se gastó cerca de 13 millones en implementar el Plan Más Seguridad, que se unificaron los sistemas de videovigilancia y que se adquirió un sistema ultramoderno de reconocimiento facial, pero que no habría cómo utilizarlo porque no tienen la data de la Policía.

“Con quién comparamos si entra un ladrón a un centro comercial o un restaurante. Es fundamental pasar esa información y no se ha hecho”, dijo la alcaldesa, quien también se refirió a la cárcel de Guayaquil, donde los inhibidores de señal no funcionan al 100%.

“Me parece inaudito que dentro de la cárcel haya señal porque los habitantes del sector se molestan. Hay que sopesar el bien común. Cuando uno pasa por afuera de la Penitenciaría no tiene señal, pero adentro se puede llamar a quien quiera”, comentó la funcionaria, quien dijo no estar satisfecha con la respuesta que dio el representante del sistema carcelario, el general Orlando Jácome, quien la semana pasada dijo que era un trámite burocrático encender todos los inhibidores de señal y quien esta semana repitió lo mismo.

El reclamo también se dio con el tema de la próxima reapertura de la cárcel La Roca, pues aún no hay fecha. Hace diez días Jácome dijo que ya estaban alistando el personal que iba a trabajar en ese centro carcelario de máxima seguridad, donde supuestamente serían recluidos los líderes de las organizaciones.

En la cita también se pidió que se emita lo más pronto posible el permiso para que los metropolitanos puedan usar armas no letales en las calles, lo que fue aprobado en la primera reunión por el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.

La alcaldesa pidió también a la Policía de Aduana acudir a las más de 100 bodegas de la Bahía que fueron clausuradas la semana pasada.

“Tienen las puertas abiertas para revisar si la mercadería ha sido declarada o no”, expresó la alcaldesa.

En la reunión también se cuestionó qué pasará con lo más de 400 policías que han sido retirado de las calles y asignados para el resguardo de los sospechosos que tienen arresto domiciliario.

Ese beneficio normalmente se otorga a los procesados que pertenecen a grupos vulnerables; embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o quienes padecen una enfermedad catastrófica; sin embargo, la alcaldesa aseguró que hay casos muy públicos en los que se ha beneficiado con arresto domiciliario a menores de edad acusados de asesinato y a políticos conocidos.

La subcomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, dijo que hubo una considerable reducción de muertes violentas en la Zona 8, mientras el comandante de esta zona , César Zapata, indicó que durante la última semana, han sido desarticuladas 7 organizaciones narcodelictivas; además, han detenido a 227 personas por robo incautado 32 armas.

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