La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida heredó vacíos y desorden

Son pocas y tienen fallas. Las entidades públicas creadas por el Gobierno del presidente Lenín Moreno presentaron errores desde su concepción. El último ejemplo es la Secretaría Técnica ‘Plan Toda una Vida’. Su conformación estuvo rodeada de informalidad, incumplimientos y hasta pérdida de equipos.

La entidad emblemática del actual régimen sumó convenios en ejecución y recursos de entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y del desaparecido Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Desde ahí se entregaron diversos materiales que no estuvieron valorados.

Como era costumbre durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, los bienes públicos se trataron sin cuidado ni control. Cuando se creó la nueva secretaría se arrastraron esas taras.

En dinero, los convenios analizados y traspasados entre entidades sumaron más de 1,07 millones de dólares.

Los gastos del Plan Toda una Vida
Los gastos del Plan Toda una VidaEXPRESO

En un ejemplo, más de 71 bienes públicos que estaban en manos del extinto ministerio coordinador pasaron a la secretaría técnica sin que se valoren o se conozca su estado. Nadie reportó qué se entregó y qué se perdió o rompió en el traslado. El desorden es tal que la secretaría que promociona orgullosamente el presidente Moreno no tenía sus activos fijos contabilizados.

No solo se dispuso de bienes sin control, también el dinero de todos los ecuatorianos fue gastado sin inspecciones o cuidado. La Contraloría General del Estado detectó, analizando las operaciones iniciales del Plan Toda una Vida, que el Ministerio Coordinador de Desarrollo pagó por espacios que nunca ocupó. La afectación supera los 42.616 dólares.

La cifra es baja si se toma en cuenta el gasto mensual que tiene el Estado, pero es alta si se compara con los 400 dólares que equivalen a un salario básico unificado.

Hay más. La transferencia de tabletas también fue desordenada y sin registros. Más de 330 equipos debían contar con documentación para su distribución a entidades públicas desde 2017. Sin embargo, apenas el año pasado se esclareció dónde estaban los dispositivos electrónicos.

Las evidencias de los incumplimientos reposan en el último informe de la Contraloría General sobre la secretaría técnica y su fundación. El 20 de julio se aprobó el documento, que además exhibe que hubo convenios sin cerrar en las entidades encargadas de velar por el bienestar social de los ecuatorianos.

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