La Policía Nacional compra armamento bélico. ¿Contra quién piensan utilizar?

El Ministerio de Gobierno estaría en la búsqueda de tanquetas para apoyar a la Policía Nacional en las operaciones de control y restablecimiento del orden público. Es decir, para aplacar posibles protestas que se puedan presentar.

La falta de producción nacional habría frenado la adquisición y ahora se pretendería comprarlas fuera.

Una publicación efectuada por un medio de comunicación digital expone el proceso de compras públicas VPN-MDG-006-2020 que fue lanzado por el Ministerio de Gobierno el 25 de agosto pasado. El precio referencial para la compra de cuatro tanquetas era $1.748.692.

Once días antes, la Policía Nacional emitió las especificaciones técnicas para la compra de los vehículos antimotines. En ellas, se detalla la descripción de la situación actual del sector, el área de intervención y de influencia, así como se justifica la adquisición cuando se habla de amenazas a la seguridad de las naciones como la registrada con la pandemia.

La autorización para la compra la pidió Byron Vallejo, subsecretario de Policía, el 23 de agosto de 2020. Él también es el líder del proyecto Fortalecimiento de la Policía Nacional para Operaciones de Orden Público y Seguridad Ciudadana.

En un oficio dirigido a la ministra María Paula Romo, el funcionario indicó que la adquisición de buses, camiones y blindados son parte del primer componente del proyecto que él lidera.

Con el aval de Romo el proceso se lo lanzó y se invitó a 240 proveedores locales para que presentaran sus ofertas, pero el proceso contractual no tuvo un buen término, una vez que las empresas nacionales fueron descartadas.

El camino que quedó fue certificar la no existencia de la producción nacional de tanquetas y contar con la autorización de contratación en el exterior.

Durante la pandemia, el Ministerio de Gobierno también hizo otros procesos para comprar material no letal. El primero se lanzó el 2 de junio y el segundo un mes después. Cada uno por un valor referencial de $2.742.680. El objetivo era la compra de granadas lacrimógenas triples.

En países como Chile, los carabineros utilizan este tipo de materiales y vehículos antimotines para repeler las protestas y acorralar a quienes se manifiestan en las calles.

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