La Corte Interamericana condena a Ecuador por el caso de Paola Guzmán

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este 14 de agosto a Ecuador por «incumplir con su deber de garantizar» los derechos de Paola Guzmán Albarracín, una niña que en 2002 fue acosada y abusada sexualmente por Bolívar Espín, entonces vicerrector del colegio público Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. 

«Paola del Rosario Guzmán Albarracín fue sometida, por un período superior a un año, a una situación que incluyó acoso, abuso y acceso carnal por el vicerrector de su colegio, lo que conllevó el ejercicio de graves actos de violencia sexual contra ella en el ámbito institucional educativo. Esa violencia fue tolerada por autoridades estatales», señala la Corte IDH en su sentencia.

Bolívar Espín, quien tenía 64 años, le había ofrecido a Paola modificar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales. Producto de ese abuso, ella quedó embarazada. Luego el vicerrector la obligó a realizarse un aborto.

El 12 de diciembre de 2002, la adolescente ingirió fósforo blanco antes de subir al bus que la llevaba a clases. En el colegio, luego de contar a sus amigas lo que había hecho, acudió a la enfermería en estado de emergencia, pero las autoridades no le brindaron atención médica.

«Primer caso sobre acoso sexual en el SIDH: Logramos #JusticiaPorPaola. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por el acoso y el abuso sexual ejercido por agentes públicos en contra de Paola en el sistema educativo», escribió en su cuenta de Twitter Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, que llevó el caso de Paola hasta la Corte.

En 2019, cuatro años después de esa audiencia, a la que el Estado ecuatoriano no asistió, la Corte admitió el caso, el primero de violencia sexual en el ámbito educativo que llega a este organismo.

Con esta sentencia, la Corte IDH pidió que Ecuador inicie con las acciones de reparación y no repetición de manera inmediata. Y obliga al Estado a brindar gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a la madre y hermana de Paola, Petita Albarracín Albán y Denisse Guzmán Albarracín. Además, a  realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a indemnizar, en el plazo de un año, a su familia con 280.000 dólares por daños materiales e inmateriales.TAGS

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