La compra pública tiene cuatro fallas que permiten el paso de la corrupción

Hay fallas de fondo y forma. La nueva administración del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) reconoce lo logrado hasta la fecha, pero evidencia cuatro ejes que deben corregirse para evitar nuevos actos de corrupción en la contratación de bienes y servicios que hace el Estado.

Juan Aguirre, director general del Sercop, cree que uno de los avances más significativos que tiene la contratación estatal es que está disponible para el público por los desarrollos tecnológicos que permiten acceder a la información de cada uno de los más de 20 millones de dólares diarios que se adjudican en el sector público.

Ahí, sin embargo, faltan datos que ahora están dispersos. Esa es la primera pata floja: la nula información sobre convenios de pago.

El sector público debe firmar contratos para que se acceda a un bien o servicio, sin embargo, el Sercop detecta que hay convenios de pago que se hacen sin documentos o previo a la firma de un contrato.

Una de las primeras tareas de Aguirre, según dijo en conversación con EXPRESO, será identificar dónde hay convenios de pago para exponerlos y cuantificar los procesos que se hacen de esa forma.

Hasta junio, según el reporte mensual de la entidad, se han adjudicado compras públicas por 2.035,2 millones de dólares. Ese valor podría ser mayor por los convenios de pago que tienen las entidades estatales y que aún no se registran en el Sercop.

El segundo punto a trabajar también arrancará de inmediato. La Ley de Contratación Pública -creada por el gobierno anterior- dejó cabos sueltos que se redactaron en el Reglamento de la normativa. Ahí se crearon vacíos, intencionales o no, para permitir compras de régimen especial -sin controles previos- y contrataciones de ínfima cuantía que facilitaron actos de corrupción.

Esta semana, EXPRESO evidenció los ‘hoyos’ en ese tipo de adjudicaciones en este año.

La distribución de los gastos en compra pública
La distribución de los gastos en compra públicaEXPRESO

En agosto, aseguró Aguirre, estará listo un nuevo reglamento para la ley. El objetivo es que el documento esté en vigencia en septiembre.

¿Qué se cambiará? Las justificaciones para hacer contrataciones directas y sin varios oferentes. Al momento, la contratación de régimen especial supera los 455 millones de dólares. 22,4 % de todo lo contratado en 2020.

Pero no todo se podrá corregir con un reglamento. Aguirre, que reemplazó a Silvana Vallejo tras su designación como consejera de Lenín Moreno, reconoce que hay leyes que se están oponiendo e ignorando a la norma de contratación. Citó, por ejemplo, a la Ley de Empresas Públicas y a las normativas para facilitar las alianzas público-privadas.

El problema detectado es que, como caso estrella y frecuente, una empresa privada forma una alianza con una entidad pública para venderle al Estado. El inconveniente es que no se hacen concursos, sino que se usa de forma indebida la contratación interadministrativa. Es decir, se finge que es contratación entre entes públicos cuando hay operadores privados detrás.

Corregir ese fallo puede tomar más tiempo porque implica reformar leyes y pasar por una Asamblea Nacional enfrascada en actos de corrupción y en precampaña electoral.

El último pilar de errores es el déficit de capacitación. Aguirre afirma que las entidades públicas necesitan personal capacitado y mayor transparencia con órganos externos que vigilen la contratación estatal.

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