Jaime Nebot logró su objetivo antes de las elecciones. Esto es lo que hizo

Formalizan los representantes de 20 gremios y colectivos de los sectores productivos y sociales, este jueves 17 de septiembre, ante la Corte Constitucional en Guayas, una solicitud de consulta popular que fue anunciado el 26 de junio pasado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

En sorteo, la competencia de conocimiento de la petición llegó a la jueza constitucional Carmen Corral Ponce, quien presentará un proyecto de dictamen en el pleno de la Corte Constitucional. El informe deberá indicar si cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Dentro del procedimiento, luego de entregada la solicitud de Consulta Popular, la Corte Constitucional, esta tiene 20 días hábiles para emitir su dictamen. Después, si es favorecido deben acudir al Consejo Nacional Electoral para retirar los documentos pertinentes e iniciar la recolección de firmas, que según el último registro electoral, necesitarán 663.100 firmas, que corresponden al 5% del padrón electoral.

Esta propuesta de consulta popular plantea al ciudadano la creación de un delito que sanciona la violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, para que se imponga una pena de hasta 50 años de reclusión. Si los ecuatorianos aprueban o no que los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuicultores y los artesanos tengan créditos baratos que no superarán el 60 % de los intereses establecidos para otros créditos de dichos sectores.

Son doce preguntas donde se habla de la posibilidad de que los pequeños productores tengan gratuitamente acceso a la tecnología para producir mejor. Semillas de alto rendimiento para los agricultores; inseminación de los hatos para los ganaderos; y para los pescadores artesanales el Estado adquirirá un Buque-Laboratorio que permita localizar la pesca e informar a las familias de dichos pescadores su ubicación necesaria por los peligros del mar y la acción de los piratas.

Tambien considera la creación o no de un delito que sanciona con prisión de 1 a 3 años a quienes se encuentren varias veces en prácticas dolosas, atente contra el comercio justo, y perjudique a los pequeños productores de productos perecibles agrícolas, acuícolas, pesqueros y ganaderos, que no tengan precios de sustentación, desvalorizando su trabajo, y aprovechándose de su vulnerabilidad económica, que les impide comercializarlos de manera regular, es la cuarta pregunta que se plantea en la consulta.

Prohibición o no al BIESS, al ISSFA y al ISSPOL que inviertan directa o indirectamente, sus recursos en cualquier título valor, que emitan instituciones que conformen o sean propiedad del Sector Público Ecuatoriano, a fin de que esos recursos dejen de ser, como hoy, un impuesto inútil al salario y se conviertan en atención eficiente a la salud, préstamos suficientes y pensiones dignas para los aportantes, es la quinta pregunta planteada en la consulta.

Otro planteamiento es obligar al IESS y al BIESS que informen y comuniquen mensualmente a través de sus páginas web, e individualmente a todos los afiliados, el detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen. Los funcionarios que violenten esta disposición quedarán cesados de sus cargos inmediatamente y de pleno derecho.

Obligar al BIESS a contratar de manera permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para calificar el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras de los aportantes.

En dicha consulta también proponen que se exijan las mejores prácticas ambientales disponibles como requisito indispensable para autorizar y desarrollar proyectos hidrocarburíferos y mineros, a fin de que el país prospere con una política sostenible y sustentable y, con equilibrio entre la protección ambiental y la factibilidad económica.

Incluso que las rentas que corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales) ya no podrán ser retenidas arbitrariamente por el Gobierno Central, pues el Banco Central del Ecuador actuará como custodio reteniéndolas para entregarlas directamente a estas instituciones cada mes. Esta es una de las preguntas centrales de la propuesta de consulta popular.

También, se propone la supresión del mecanismo de cobrar el IVA y no devolverlo a Universidades Públicas y Particulares, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, la Cruz Roja Ecuatoriana, Fe y Alegría y la Fundación Oswaldo Loor. Solo se emitirá una declaración (registro) para los efectos tributarios correspondientes.

Además, esperan la aprobación de la pregunta sobre la aprobación del Presupuesto General del Estado, a fin de que éste sea aprobado cuando haya suficiente fundamento y evitar una sobrevaloración de ingresos y una subevaluación de egresos tanto permanentes como no permanentes.

Y, la última pregunta de la consulta popular plantea sobre la promoción de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de los existentes creando y regulando fuentes de financiamiento a través de fondos de capital de riesgo, asegurando que la sociedad receptora de la inversión se mantenga en manos del socio o socios que hayan concebido el emprendimiento.

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