Así funcionaba la red de extorsión en la «Peni»

La investigación en torno al asesinato del israelí Shy Dahan reveló la existencia de una compleja red de extorsión que operaba en la Penitenciaría del Litoral. Agentes de la Fiscalía y de la Policía recopilaron datos y detectaron que al menos seis funcionarios exigían a los detenidos dinero a cambio de otorgarles beneficios en el interior de las celdas.

Entre los sospechosos se halla Héctor Reyna, actual director del centro penitenciario. Ayer 2 de octubre del 2020, la Fiscalía le formuló cargos por el presunto delito de concusión.

Después, una Jueza Penal ordenó su prisión preventiva. Los investigadores tienen información de que los sospechosos cobraban a los presos por comida, colchones, medicinas, aparatos electrónicos y por extender sus horarios en los patios.

Las pesquisas determinaron que las ofertas más lucrativas tenían relación con la protección que les ofrecían y por gestionarles asesoramiento jurídico para ­favorecerlos en los procesos penitenciarios.

Algunas de las pistas, a las que accedieron los agentes, salieron de un video que Shy Dahan grabó antes de su asesinato. En las tomas, que duran tres minutos, se observa al extranjero en una videollamada con el director del centro carcelario.

Shy Dahan detalló al funcionario todos los pagos que había realizado en el primer mes y medio que llevaba recluido en la Penitenciaría. Le dijo que en total ha cancelado $47 000.

Dijo que entregó $6000 a un hombre a quien identificó como Novillo. En ese momento se escuchó al director decir: “Yo di la orden. Íbamos a compartir, pero Novillo no me ha dado nada”.

Después, Shy Dahan aseguró haber entregado $20 000 a otro hombre que lo amenazó y $2 500 a un funcionario. Señaló que una guía penitenciaria le pedía $20 diarios para dejarle comida. También aseguró haber pagado por chequeos.

“Tú solo asegúrame que mi vida y mi seguridad (van a) estar bien. (Que) no haya peligro (para) mi vida. Yo no quiero que (me pase) algo como (lo sucedido) con Jonhy, mi hermano”, le pidió el israelí al Director.

El funcionario le respondió: “No, vas a estar seguro”. Al final de la conversación, el extranjero le pidió que le ayudara a conseguir un abogado y certificados médicos. Ahora, esa conversación es indagada por la Fiscalía.

Ayer 2 de octubre también se conoció que se allanó la vivienda del Director de la Penitenciaría. Los agentes se incautaron de documentos en la vía a Samborondón.

El proceso judicial se maneja con reserva. Parte de los investigadores permanecen con seguridad y están bajo el sistema de Víctimas y Testigos.

Lo mismo ocurre con Oren Sheinman, el otro israelí que fuera atacado en la Penitenciaría. Él todavía permanece bajo custodia policial en una casa de salud.

Su abogado, Héctor Gabriel Vanegas, dijo que las intimidaciones y las extorsiones que recibieron los dos extranjeros se manifestaron en las versiones que entregaron a la Fiscalía.

Según el jurista, los dos israelíes recibieron múltiples amenazas de muerte cuando estuvieron en la Penitenciaría. Hernán Ulloa, quien en su momento defendió a Shy Dahan, prefirió no pronunciarse sobre la grabación.

Dijo que la familia del israelí no se ha contactado con él. El Director procesado habló de los actos de corrupción dentro de la Penitenciaría en agosto pasado.

Ese mes compareció ante la comisión de Seguridad de las Asamblea Nacional. Allí sostuvo que tiene 62 guías para 9 000 presos y que logró controlar la violencia durante ocho meses.

“Se ha arrestado a enfermeros, gente que cocina, a policías. Entonces, el sistema está hecho para que las personas que se presten para la corrupción logren entrar los objetos prohibidos y así ingresan”, detalló.

Shy Dahan y Oren Sheinman fueron detenidos y procesados en julio pasado, cuando se movilizaban con credenciales falsas de la DEA.

En los procesos de los extranjeros se indica que ellos vendieron de forma ilegal insumos médicos al hijo mayor de Abdalá Bucaram. Estos datos generaron que se abrieran otros expedientes para indagar la venta de insumos en la emergencia. Hasta ayer, Bucaram permanecía en la cárcel de Cotopaxi.

Esto ocurrió pese a que un juez dispuso que fuese trasladado a un centro penitenciario de Guayaquil. Rehabilitación dijo que no se ha confirmado la hora y fecha para el traslado de Bucaram. Los abogados esperan que la orden se ejecute de manera inmediata.

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